CONOCIENDO A P F I Z E R . EPISODIOS 1 Y 2.

En 2015 la farmacéutica estadounidense ocultó un importante avance que puede prevenir  el Alzheimer. En el primer año de la pandemia, el CEO de la compañía vendió acciones el mismo día en que anunció el avance de la vacuna. Según el Bureau of Investigative Journalism, las exigencias en los contratos para adquirir vacunas violaban principios soberanos de los países de América latina.

En Argentina la empresa PFIZER parece no necesitar voceros. Le basta con usar a los máximos dirigentes del PRO, cuya titular actual Patricia Bullrich se encarga de abogar por los intereses y la credibilidad de dicha compañía en los canales de televisión afines a su posición política. Pero la realidad global no la deja muy bien parada a la ex ministra y el desboque de mencionar una virtual entrega de las Islas Malvinas a cambio de vacunas terminó en rechazo generalizado. 

La historia opaca de Pfizer no empieza ni termina en nuestro país. El papel de los grandes laboratorios privados en la sanidad mundial ha quedado otra vez en evidencia a partir de marzo de 2020. Si bien resulta entendible que a los gobiernos se les pida transparencia en sus políticas públicas, es paradójico que los propios laboratorios impongan a los Estados nacionales cláusulas de confidencialidad en contratos en los que está en juego el interés general de toda la comunidad.  

Transparencia y ocultamiento se abrazan, bailan un tango, un rock and roll, un bolero y una salsa. 

The Washington Post publicó en junio de 2019 que la empresa se cuidó de revelar que en su momento había optado por no comprobar ni compartir los resultados de un estudio con potenciales grandes implicaciones para la batalla contra el alzhéimer. El estudio que se ocultó se basó en el análisis de cientos de miles de reclamaciones de seguros, que arrojaron que una de las medicinas más populares de la firma -Enbrel, un desinflamante empleado para tratar la artritis reumática- parecía reducir el riesgo de alzhéimer en un 64%. "Enbrel podría potencialmente prevenir, tratar y retardar la progresión de la enfermedad de alzhéimer de forma segura", se lee en una presentación preparada para un comité interno de Pfizer a inicios de 2018.

"Disponer de esos datos sería útil para la comunidad científica. Todos los datos, sean positivos o negativos, nos dan más información para tomar mejores decisiones", consideró Keenan Walker, estudioso del alzhéimer y profesor de medicina en la universidad Johns Hopkins. Pero Pfizer ocultó.

Ya en tiempo de pandemia, el CEO de la compañía Albert Bourla, vendió acciones el mismo día en que anunció el avance de la vacuna (noviembre de 2020). “Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad”, dijo Bourla, presidente y consejero delegado de Pfizer, y anunció que la vacuna de la farmacéutica había demostrado una alta eficacia. Pero tuvo otro motivo para celebrar: esa misma jornada, en la que las bolsas se dispararon, vendió más del 60% de sus acciones en la empresa, valoradas en 5,6 millones de dólares –unos 4,76 millones de euros. 

“La venta es parte del plan financiero y personal de Bourla, que permite bajo reglas de la SEC que grandes accionistas e insiders –como consejeros y directivos– de empresas cotizadas negociar un número predeterminado de acciones en un momento predeterminado”, defendieron fuentes de la compañía. Yendo al detalle, esta planificación se recoge en la regla 10b5-1, por la que los ejecutivos pueden operar sin infringir las normas sobre el uso de información privilegiada.

Un informe periodístico coordinado por The Bureau of Investigative Journalism en Londres y Ojo Público en Perú, reveló que Pfizer abusó de su poder de negociación para vender su vacuna a los países sudamericanos, bajo exigencias extremas. Lo hizo público The New York Times y numeroso medios latinoamericanos. A Argentina y Brasil les pidió que pusieran sus embajadas, bases militares y otros activos soberanos del país como garantía ante una eventual demanda por efectos adversos de la vacuna. 

Nelly Luna, periodista de Ojo Público y autora del informe periodístico, describió el caso en Perú: “Lo que nos llama la atención es que no solamente se emite un decreto supremo renunciando a la inmunidad soberana sino que además se ha incluido cláusulas en las que Perú va a asumir las indemnizaciones, en caso que alguna persona presente efectos adversos o, incluso, asume los posibles retrasos si Pfizer no cumple con los plazos estipulados para las entregas”. 

Pfizer tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Los términos de estos contratos se desconocen y permanecerán así durante los próximos cinco años, cuando recién se pueda saber realmente cuánto entregó y hasta dónde cedió cada uno de estos gobiernos.

Las palabras que describen hechos concretos en la trayectoria reciente de la empresa son: ocultamiento, información privilegiada y cláusulas de confidencialidad. Ésta nota no es una denuncia contra dicha compañía sino más bien una descripción cruda de la situación en la que se encuentran las poblaciones en cualquiera de los continentes donde hay intereses de grandes laboratorios.

Unas pocas compañías farmacéuticas, cuyos accionistas tiene una cobertura legal de protección extraordinaria, condicionan las políticas sanitarias de los más de 200 países del globo. Ninguna institución, ni siquiera la Organización de Naciones Unidas (ONU) puede con su poder empírico.

Pfizer es apenas una muestra de lo que puede ser una posición de privilegio frente a gobiernos necesitados de productos y servicios sanitarios en un contexto como el de hoy, con una pandemia galopante. Si los dirigentes políticos se transforman en voceros de éstos intereses dejan de tener el rol para los que fueron elegidos por la ciudadanía.